Reimaginar la seguridad pública ante las desigualdades históricas y la crisis emergente en las ciudades

Reimaginar la seguridad pública ante las desigualdades históricas y la crisis emergente en las ciudades

Con más de la mitad de la población mundial en condiciones de confinamiento a principios de abril, COVID-19 ha puesto de relieve las desigualdades y el malestar social en los entornos urbanos de todo el mundo. Bajo condiciones de encierro, se ha visto un pico en la violencia doméstica, en los disturbios civiles y en otros delitos, ya que las restricciones de movimiento, la pérdida de ingresos, el aislamiento, los altos niveles de estrés y la ansiedad crean tensiones y presiones en el hogar.

También hemos visto un pico en el recurso a patrones raciales, en el mal manejo por parte de las autoridades de situaciones que han llevado a la violencia, y por lo tanto de la desconfianza de nuestras comunidades en las instituciones que deberían protegerlas. La Experiencia de Aprendizaje en Vivo sobre Seguridad Pública tenía por objeto compartir experiencias locales sobre ciudades seguras, y los participantes destacaron la importancia de abordar las desigualdades como piedra angular de las ciudades más seguras.

La Experiencia de Aprendizaje en Vivo sobre Seguridad Pública fue celebrada el 25 de junio. La sesión fue introducida por Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU, quien reconoció de antemano las dificultades de tratar este tema desde una perspectiva local y regional. Las esferas de gobierno más cercanas a la ciudadanía, afirmó, se ocupan de este tema aunque a menudo no tienen el poder o los recursos para instigar cambios. No obstante, corresponde a los gobiernos locales y regionales, como la esfera más cercana a sus comunidades, iniciar una conversación sobre la seguridad, desde nuestras propias perspectivas.

"Es dolorosamente visible lo frágil y vulnerables que son las comunidades. Necesitamos reunir los conocimientos que estamos acumulando en torno a este tema, necesitamos ser creativos, y nosotros, como CGLU, ONU-Hábitat y Metrópolis, necesitamos contribuir a desarrollar un sólido programa de seguridad".

La Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd. Sharif, declaró que "no puede haber desarrollo sostenible sin seguridad, y del mismo modo no hay seguridad sin desarrollo sostenible". Este imperativo, destacó, es lo que llevó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a adoptar las Directrices sobre Ciudades y Asentamientos Humanos más seguros. Estas prácticas innovadoras, destacó, van desde las prácticas innovadoras que van más allá de un enfoque "sólo de la policía" hasta el tratamiento de la seguridad como una cuestión de mejor gobernanza urbana, que incluye a todos los habitantes, independientemente de la raza, el género o la edad.

"Las sociedades diversas requieren inversiones en la cohesión social contra la discriminación y la desigualdad por parte de los gobiernos nacionales y locales y la sociedad civil", añadió.

Martha Delgado, Viceministra de Asuntos Multilaterales y Relaciones Internacionales de México y Presidenta de la Asamblea de ONU-Hábitat, destacó que la seguridad es un tema crítico que tiene muchas interrelaciones con el Programa de Paz y, por lo tanto, debe ser un objetivo en todos los programas mundiales. La Viceministra sostuvo también que las comunidades vulnerables, como las de las personas LGBTQ, las personas con discapacidad y las mujeres, habían sufrido más las desigualdades durante todo el brote y, por lo tanto, eran más vulnerables a la inseguridad.

"Las vulnerabilidades y la exclusión, incluida la violencia doméstica, han empeorado en el contexto del COVID. Es fundamental que promovamos alianzas de múltiples niveles y de múltiples actores para lograr un desarrollo urbano sostenible, tener en cuenta esas vulnerabilidades y proteger los derechos humanos".

Mxolisi Kaunda, Alcalde de Durban, inauguró la primera mesa redonda, que fue moderada por Shipra Narang Suri, Jefa de la Subdivisión de Prácticas Urbanas de ONU-Hábitat. Destacó cómo la pandemia de COVID-19 había puesto de manifiesto las desigualdades existentes, en particular las relativas a la raza y el género, y mostró las iniciativas de Durban para poner freno a las desigualdades que conducen a la inseguridad.

Luis Ernesto Gómez, Secretario del Interior de Bogotá, expuso un enfoque similar de la seguridad y explicó cómo, en la ciudad de Bogotá, la seguridad exige una nueva dimensión, la de la seguridad económica. También destacó la importancia de la confianza entre las comunidades y las autoridades, como única forma de aumentar el cumplimiento de las normas sociales y ayudar a tener seguridad económica, bioseguridad y seguridad tradicional.

La relación entre las desigualdades, la seguridad urbana y el brote fue abordada además por Carolina Leitao, Alcaldesa de la Municipalidad de Peñalolén, Santiago, quien expuso el desafío de que los picos del contagio se concentren también en las áreas de mayor vulnerabilidad y delincuencia. La alcaldesa señaló que una fuerte coordinación interinstitucional era fundamental para garantizar la seguridad durante el brote.

El alcalde de Guadalajara, Ismael Del Toro, compartió cómo la ciudad se había propuesto pasar de la aplicación de la seguridad a la cocreación de la seguridad, con el objetivo de hacer frente a las desigualdades y que el objetivo ahora era garantizar que los espacios públicos fueran seguros para todos los ciudadanos, en particular las mujeres y las personas más vulnerables.

Guillermo Céspedes, Jefe de Prevención de la Violencia de la Ciudad de Oakland, destacó cómo los aportes de la comunidad son fundamentales para reparar la relación entre las instituciones y esas mismas comunidades, en particular en un momento en que las instituciones parecen estar más distanciadas que nunca de sus poblaciones. Para reparar esta credibilidad, Oakland argumentó que la coordinación entre las esferas del gobierno es crítica, así como lo es reevaluar dónde y cómo las ciudades gastan su presupuesto a fin de reducir las desigualdades que conducen a los disturbios.

Franz Vanderschueren, Director de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, Chile, concluyó el primer panel haciendo hincapié en el trabajo sobre los presupuestos urbanos y la coordinación, y reimaginando la forma en que la policía debe interactuar con las comunidades para coproducir una seguridad transparente.

El segundo panel fue moderado por Pablo Fernández, del Secretariado Mundial de CGLU. Benjamín Magalong, alcalde de la ciudad de Baguio, defendió la necesidad de que los gobiernos locales trabajen en estrecha colaboración con la policía, a fin de garantizar una forma transparente de hacer cumplir la ley. El alcalde de Bukavu Meshac Bilubi Ulengabo expuso la forma en que los esfuerzos de la ciudad se habían orientado a frenar la violencia de género, y que la seguridad, en el período posterior, significaba reevaluar la relación con la policía y garantizar una recuperación sana, desde el punto de vista económico y social, a fin de evitar que el trauma de la pandemia se convirtiera en violencia en el futuro.

Paula Mascarenhas, alcaldesa de Pelotas, Brasil, compartió el plan de seguridad pública de la ciudad que no se limita a la visión policial. Desde 2017, afirmó, Pelotas ha trabajado en la integración de las fuerzas de seguridad y en la coproducción de la seguridad, así como en la prevención y la atención a los jóvenes, a fin de fortalecer los vínculos sociales en la comunidad.

Santiago Saura, concejal de Madrid, expuso los esfuerzos de la ciudad en cuanto a la reducción de la violencia de género durante la pandemia, con un aumento de la respuesta y los recursos, incluida una mayor dedicación en los servicios sociales para las mujeres y los niños en consonancia con las directrices de "Ciudades seguras para las mujeres y las niñas". Destacó además el compromiso de Madrid con la construcción de ciudades de paz, sobre la base de los resultados del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios y Paz.

Stefanie Chetty, Directora de Política y Gestión Urbana del Departamento de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales de Sudáfrica, destacó la forma en que el país se proponía responder al repunte de la violencia de género mediante una mejor coordinación de todos los niveles de gobierno y trabajando para promover la seguridad en los espacios públicos. Sostuvo además que, después, el programa para 2030 es más poderoso que nunca para construir comunidades seguras.

La Dra. Barbara Holtmann, autora de Safer Community of Opportunity Tool (Sudáfrica) y Ana Falú, asesora de UBUNTU de CGLU, concluyeron la mesa redonda. La Dra. Holtmann defendió la necesidad de cambiar nuestra relación, no solo con la policía, sino con la ley. Un cambio sistémico es esencial, ya que las fuerzas del orden son parte interesada en la ciudad por la seguridad, pero no la parte interesada. Esto, subrayó, es un desafío a muy largo plazo y necesitamos institucionalizar estos puntos de vista de prevención a largo plazo para poder solucionar estos problemas de manera efectiva. Al reimaginar la seguridad, argumentó, debemos tener en cuenta el bienestar mental y el papel de la mujer para garantizar que las comunidades se mantengan saludables.

Ana Falú sostuvo que la violencia es motivo de gran preocupación y está presente en todos los niveles de la toma de decisiones, y que hay que entender que la seguridad a menudo no significa lo mismo para los hombres que para las mujeres. Hizo un llamamiento para que se identificara la forma en que las cuestiones de discriminación se cruzan con las cuestiones raciales, étnicas y religiosas. Si tenemos que pensar en los efectos (post)pandémicos, argumentó, es fundamental construir a partir de los conocimientos locales, así como de la vasta experiencia de las personas que trabajan por los derechos de la mujer. CGLU, ONU-Hábitat y Metrópolis, argumentó, nos ofrecen la posibilidad de replicar experiencias, de generar políticas de desarrollo y de incorporar nuestro aprendizaje conjunto.

La sesión fue concluida por Juma Assiago, Especialista/Coordinador de Ciudades más Seguras, HR&SIU/Subdivisión de Prácticas Urbanas de ONU-Hábitat, quien destacó la importancia de la coproducción de la seguridad y lo crítico que será, de cara al futuro, comprender la gobernanza urbana y construir un nuevo conjunto de indicadores que nos permitan evaluar el funcionamiento de la coproducción de la seguridad. Por último, pidió que se aplicara la Nueva Agenda Urbana, como una forma de proporcionarnos herramientas para construir una nueva narrativa sobre la seguridad.

Emilia Saiz reconoció los llamamientos para cambiar la forma en que interactuamos con la ley, y sostuvo que para desarrollar ciudades que se preocupen necesitamos incluirla en todos los planes, e incluso en los presupuestos, destacando cómo la redefinición de la financiación local puede contribuir a este objetivo.

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